Opinión

Ley de lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación oral

Tiempo de derechos para las personas sordas

Por Amparo Minguet Soto, Vicepresidenta 1ª de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas y Presidenta de la FESORD CV, Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana

06/05/2013

Fruto de una reivindicación histórica del movimiento asociativo de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en su disposición final duodécima, obligaba al Gobierno a garantizar que las personas sordas tuviésemos el derecho a aprender, conocer y usar la lengua de signos. El derecho a elegir, a poder comunicarnos en nuestra lengua madre sin impedimentos de ningún tipo.  A raíz de ello se promulgó, hace poco más de cinco años, la aclamada Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Aún están muy cercanos aquellos tiempos en los que las personas sordas íbamos despacho por despacho, aula por aula, de jornada en jornada, de manifestación en manifestación por todos los rincones del país. Lo hacíamos para reclamar el reconocimiento legal de la lengua de signos. Un largo camino, un arduo recorrido lleno de experiencias, mejores y peores. Hubo quienes nos acompañaron, nos apoyaron, hicieron suyas nuestra justa demanda; hubo quienes nos cerraron las puertas e incluso menospreciaron nuestra reivindicación, la de nuestra lengua, la de nuestra seña de identidad más característica. Pero el mundo gira, la vida cambia,  y el tiempo, sabio, ha puesto las cosas en su sitio.

El fuerte activismo de los movimientos sociales, las políticas gubernamentales a favor de la inclusión, la diversidad y los derechos humanos, los avances legislativos, el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la misma sociedad global, están propiciando grandes cambios sociales. La sociedad española ha evolucionado en su concepción de las personas sordas, adquiriendo un mayor conocimiento de la diversidad que caracteriza a todo ese millón de ciudadanas y ciudadanos sordos o con algún tipo de discapacidad auditiva que formamos parte de nuestro país. También somos conscientes de que existe un mayor interés hacia la comunidad lingüística de personas usuarias de las lenguas de signos, y un vivo interés científico, académico y social por estas lenguas.

Hoy, en España, siete Estatutos de Autonomía hacen alusión específica a la lengua de signos reconociendo y garantizando el derecho a su aprendizaje y a su libre uso. Asimismo, a raíz de la Ley de la lengua de signos hemos visto nacer dos leyes específicas, concretamente la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía, así como algunas leyes autonómicas u ordenanzas municipales sobre servicios sociales o accesibilidad universal donde se recogen amplias referencias explícitas a la lengua de signos y los apoyos a la comunicación.

Han pasado más de cinco años de aquella señalada sesión parlamentaria del 28 de junio de 2007. Las personas sordas hemos vivido la creación del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA), y del tan esperado Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), que en muy poco tiempo de vida se ha erigido como referente europeo y mundial en cuanto a protección y difusión de esta lengua.  Cinco años durante los cuales la CNSE, ha velado por el cumplimiento de la Ley 27/2007, y demandado su desarrollo igualitario en todo el territorio español. Para que todas y cada una de las personas sordas podamos ejercer plenamente nuestros derechos independientemente del lugar donde vivamos. Y para ello, es necesario que esta Ley sea bien conocida y utilizada por las diferentes Administraciones. Que su implementación no dependa de la mayor o menor voluntad política de quienes gobiernan, del mayor o menor conocimiento de las Administraciones.

Hay que dejar atrás, de una vez por todas, los tiempos del favor, de la buena voluntad, del asistencialismo. Y, sobre todo, hay que superar la idea de que los derechos son cuestión de números o porcentajes, que son un “bien” de los que puedes beneficiarte únicamente si formas parte de una determinada mayoría. No importa si somos uno, un diez, un noventa por ciento, o un millón: Los derechos humanos son para todas y para todos.

Es tiempo de derechos para las personas sordas.

Lo que queda por hacer

En los últimos años, la visión social de la lengua de signos ha cambiado. El hecho de contar con un marco legislativo favorable ha contribuido a dotar de una mayor legitimidad a esta lengua. Pero, sin duda, es su aportación al patrimonio lingüístico y a la riqueza social y cultural de nuestro país, lo que ha permitido que paulatinamente, la ciudadanía conciba esta lengua como una poderosa herramienta capaz de eliminar tópicos y construir diversidad.

Desde la CNSE reivindicamos el mismo estatus para la lengua de signos que para el resto de idiomas que conviven en nuestro país. Y en este sentido, reclamamos el derecho de libre opción de todas las  personas sordas y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

El derecho del alumnado sordo a beneficiarse de una educación bilingüe-bicultural que incluya también la lengua de signos, que asegure además, el acceso igualitario de estas alumnas y alumnos sea cual sea la comunidad autónoma en la que estudian. Hoy, en España, pocas familias y personas sordas son tan afortunadas como para poder elegir una educación que cuente con la lengua de signos.

Cinco años después de la aprobación de la Ley 27/2007, sigue sin existir una normativa estatal de referencia que garantice unos mínimos comunes para todas las Autonomías; carecemos de una red de centros bilingües que garanticen el uso y el estudio de la lengua de signos; y en la enseñanza secundaria y universitaria, cada vez son más las alumnas y alumnos sordos, padres y madres que denuncian la escasez o ausencia de intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios.

El derecho a disfrutar de una igualdad de oportunidades real en materia de formación y empleo. A pesar de lo estipulado en la Ley, muchos cursos formativos de carácter público o privado no son accesibles para las personas sordas porque no cuentan con la figura del intérprete, o carecen de aquellas ayudas técnicas que se precisan. Asimismo, en el entorno laboral son escasas las adaptaciones en materia de accesibilidad con las que cuentan las personas sordas en su puesto de trabajo, un aspecto que vulnera los principios generales de igualdad de trato y no discriminación del Estado.

El derecho de cualquier persona sorda, independientemente de su edad y su nivel de renta, a adquirir el tipo de ayuda técnica o tecnológica que precise garantizándose el acceso a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 27/2007.

El derecho a que se eliminen las barreras que nos impiden acceder a los teléfonos de emergencia, de atención ciudadana, servicios de teleasistencia, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, comisarías, hospitales, espacios de arte, cultura, política, ciencia, deporte, ocio, etc.; a que los medios de comunicación incorporen lengua de signos y subtitulado de calidad en su programación; a que se asegure una accesibilidad real tanto a las infraestructuras e instalaciones de transporte, como a los propios medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo.

El derecho, en definitiva, a gozar de un bilingüismo en y con lengua de signos que sea real en nuestro día a día. Ese que nos permite reír o llorar al ver una película o una obra de teatro en nuestra lengua, ir a clase de informática o de inglés en nuestra lengua, y vivir en nuestra lengua.

Como apunta Joseph Murray, vocal y responsable de la Comisión de los Derechos Humanos de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) y profesor adjunto de Estudios Sordos y ASL (lengua de signos americana) de la Universidad de Gallaudet, en su teoría Deaf Gain, la sociedad necesita respetar y aprender de las capacidades y habilidades con las que contamos las personas sordas, de todo el patrimonio que podemos compartir, así como de la diversidad que representamos.

“Let´s stop talking about hearing loss and focus on Deaf Gain. Deaf people can teach hearing much about the visuospatial world”.